Desde finales de los años 90 del siglo pasado hasta la actualidad, las regulaciones energéticas han cambiado mucho en nuestro país. Pero siempre lo han hecho con el objetivo de adaptar el sistema eléctrico español y su regulación a las directrices marcadas desde la Unión Europea.

Una transformación que, a día de hoy, todavía no ha terminado, porque el mercado eléctrico tiene todavía muchos retos por delante. Por ejemplo, seguir impulsando y desarrollando energías verdes que ayuden a luchar contra el cambio climático.

La liberalización del sector energético: Directiva 96/92/CE

El punto de partida en las regulaciones energéticas para llegar hasta donde nos encontramos en la actualidad, fue la aprobación de la Directiva 96/92/CE, el 19 de diciembre de 1996. Cuyo objetivo era conseguir la apertura de los mercados eléctricos en los Estados miembros de la Unión Europea.

Entre sus finalidades podemos destacar:

• Liberalización del mercado. Para aumentar la competencia en el sector eléctrico y dar más libertad a los consumidores a la hora de elegir a sus proveedores de electricidad.
• Separación de actividades. Acabando con el monopolio y dando lugar a diferentes empresas que se encargarían de las actividades de generación, distribución y suministro.
• Acceso a la red. La Directiva recogía medidas para garantizar un acceso no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución. De manera que diferentes operadores pudieran conectarse a la red y transportar electricidad.
• Regulación independiente. Uno de sus aspectos más importantes es el referido a la intervención de reguladores independientes en el mercado eléctrico, para que se encarguen de supervisar y garantizar una adecuada competencia.
• Protección al consumidor. La Directiva hace referencia a disposiciones que buscan proteger los derechos de los consumidores. Garantizando que estos reciban una información clara sobre los precios y condiciones de suministro. Permitiéndoles, a la vez, cambiar fácilmente de proveedor cuando lo deseen.

Ley del Sector Eléctrico

La Directiva europea se transpuso a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (LSE), que supuso un notable cambio en las regulaciones eléctricas, en comparación con las que habían estado en vigor hasta ese momento.

Esta norma se basa en cuatro principios regulatorios esenciales:

• Separación entre las actividades reguladas (el transporte y la distribución) y las que se pueden llevar a cabo en régimen de libre competencia, que son la generación y la comercialización.
• Progresiva liberalización de la contratación y de la elección del suministrador por parte del consumidor final. Una liberalización que, en la actualidad, ya es total.
• Libertad de acceso a las redes de transporte y distribución mediante el pago de peajes. Para garantizar así la llegada de nuevas empresas al sector eléctrico.
• Creación del operador del sistema, encargado de la gestión técnica, y del operador del mercado, que se ocupa de la gestión económica del sistema.

Novedades en las regulaciones energéticas en la primera década de los 2000

Con el cambio de siglo, desde la Unión Europea se siguió avanzando en la liberalización del mercado energético y la protección de los consumidores.

Se aprobó entonces la Directiva 2003/54/CE, que venía a complementar y sustituir a la Directiva 96/92/CE. Regulando puntos clave como estos:

• Separación de actividades. Reforzando las medidas ya establecidas a fin de garantizar una mayor independencia entre las actividades de generación, distribución y suministro. Todo ello con el objetivo de fomentar la competencia en el sector energético.
• Acceso a la red. Esta Directiva recoge disposiciones más detalladas sobre la forma de acceso a las redes de transmisión y distribución. Asegurando la eliminación de las barreras que todavía podían existir.
• Agencias reguladoras nacionales. La norma europea destaca la importancia que tienen estas agencias y su papel a la hora de supervisar y regular el mercado eléctrico. Con el objetivo de asegurar la competencia y proteger los intereses de los consumidores.
• Protección al consumidor. La Directiva de 2003 tiene una clara orientación hacia la protección del consumidor. Destacando una vez más la necesidad de que reciba información clara y transparente sobre precios, condiciones de suministro y posibilidades de cambiar de proveedor.
• Cooperación transfronteriza. Una de sus novedades es que incluye disposiciones para fomentar la cooperación transfronteriza entre reguladores nacionales y empresas de servicios públicos. Para facilitar la integración y la operación eficiente del mercado eléctrico en todo el seno de la Unión Europea.

La Directiva 2003/54/CE se transpuso al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 17/2007, de 4 de julio. El cambio más importante que introdujo con respecto a otras regulaciones energéticas fue la eliminación de las tarifas integrales y la introducción de lo que hoy se conoce como Suministro de Referencia.

Cambios en las regulaciones energéticas en España entre 2012 y 2013

En este período, España acometió una serie de reformas significativas en la regulación del mercado eléctrico interno. Reformas que, en su gran mayoría, llegaron impulsadas por los desafíos que afectaban al sector eléctrico en aquel momento. El principal, el déficit tarifario.

Antes de estas reformas, el sistema eléctrico español tenía unas tarifas reguladas. Pero, con el paso del tiempo y el incremento del coste real de la actividad de generación de electricidad, esas tarifas devinieron ineficientes. Como consecuencia se generó un gran déficit (deuda) en el sector energético.

Entre 2012 y 2013, España estaba inmersa en una importante crisis económica. En ese momento, era especialmente importante abordar los problemas financieros del sector eléctrico. A fin de garantizar la estabilidad de este sector y su sostenibilidad a largo plazo, se aprobaron en este período diferentes normas:

• Real Decreto-Ley 1/2012. Establecía medidas para reducir el déficit tarifario, reformaba las tarifas eléctricas e incluía medidas para la sostenibilidad del sector. Pero también preveía medidas de ajuste de los incentivos a las energías renovables y de fomento de la competitividad.
• Real Decreto-Ley 12/2012. Afectó a las actividades de generación, transporte, distribución, comercialización y consumo. Recogía, a su vez, medidas para disminuir los costes del sistema y reducir el déficit tarifario.
• Real Decreto-Ley 20/2012. Se centraba en medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y para fomentar la competitividad. Estas orbitaban en torno a dos puntos centrales: la consolidación fiscal y el impulso de las reformas estructurales en el sector energético.
• Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. Creó el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.

En 2013 se aprobaron diversas regulaciones energéticas como el Real Decreto-Ley 2/2013 y el Real Decreto-Ley 9/2012. Ambos recogían medidas de carácter urgente para el sistema eléctrico, a fin de garantizar su estabilidad financiera.

Nueva Ley del Sector Eléctrico

A finales de 2013 se aprueba la Ley 24/2013, de 27 de diciembre, que es la que continúa en vigor hoy en día. Entre sus principales objetivos se pueden destacar:

Sostenibilidad económica del sistema

Estableció un marco que corregía los desequilibrios económicos y financieros del sector eléctrico, incluyendo la deuda acumulada y el déficit tarifario. A fin de garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Eficacia y competitividad

Promoviendo un sistema eficiente de generación, distribución y comercialización de la electricidad. A la vez que fomentando la competencia dentro del mercado eléctrico español.

Integración de las energías renovables

Esta norma permitió una integración eficiente de las energías renovables dentro del sistema eléctrico. Para ello, se llevó a cabo una revisión de los incentivos económicos establecidos a favor de estas energías, para equilibrar su desarrollo con la necesaria sostenibilidad financiera del sistema.

Aunque esta fue una reforma de entidad de las regulaciones energéticas, pero no ha sido la última. Después, han llegado múltiples Reales Decretos y Reales Decretos-Leyes que han regulado cuestiones puntuales. Como el coste de financiación del bono social o la figura del consumidor vulnerable.

Como empresario, estar al día de las regulaciones energéticas, te ayuda a entender mejor cuál es el régimen jurídico de aplicación cuando contratas tu tarifa eléctrica. ¿Quieres descubrir todas las ventajas de contratar con Naturgy?